Las reformas educativas en chile

Jorge Pavez Urrutia1

Presidente Colegio de Profesores de Chile, A.G.



Introducción


En primer lugar, es necesario señalar que la reforma educacional chilena tiene un sello muy propio, ya que ésta ha sido implementada durante los gobiernos de la Concertación, pero dentro del marco rígido que dejaron los cambios económicos, sociales, culturales y educacionales impuestos durante los años ochenta, que no han sido modificados.


En plena dictadura militar, y en el contexto de una economía neoliberal, que entrega un rol preponderante al sector privado y supedita los avances del desarrollo social al ritmo del crecimiento y a las posibilidades de apertura de las economías y de su inserción en los nuevos mercados económicos mundiales, se inicia un proceso de descentralización de la educación.


En estas circunstancias, los principales objetivos de dicha descentralización fueron tres. Primero, disminuir los aportes estatales a la educación. Segundo, entregar la regulación de la misma a los mecanismos de mercado. Finalmente, debilitar a las organizaciones sociales en sus luchas reivindicativas y controlar el ejercicio de la profesión docente.


Este proceso de descentralización, que se desarrolla a través de dos esfuerzos articulados, el de privatización y el de municipalización, no sólo significó la transferencia de funciones financieras, administrativas y pedagógicas a entes autónomos -privados o públicos-, sino que modificó sustancialmente la forma de financiamiento de la educación, estableciéndose un sistema de subvención a la demanda, entregando los recursos de acuerdo al promedio de asistencia mensual de alumnos por curso, tanto a los establecimientos municipales como particulares subvencionados.


De este modo, se empiezan a entregar importantes recursos fiscales a entes privados con fines de lucro, sin mayor regulación del uso de esos dineros, lo que significó un gran desarrollo de ese sector, que hoy alcanza más del 40% de la matrícula escolar.


En este proceso, las condiciones contractuales de los docentes se asimilaron a las del sector privado, quedando absolutamente liberadas al mercado. Así mismo, no puede desconocerse que durante el régimen militar la máxima autoridad municipal era designada por el gobierno central, por tanto, la municipalización también significó mayor control, autoritarismo, arbitrariedad y pérdida de autonomía profesional.


Con respecto a la transferencia de funciones pedagógicas, se impulsó la flexibilidad -normando ciertos aspectos generales en relación a fijación de objetivos, planes y programas y criterios de evaluación-, entregando el poder de decisión a los establecimientos educacionales.



1 Profesor de Castellano del Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile. Ejerció la docencia en diversos establecimientos en Santiago de Chile. Durante la dictadura funda y preside la AGECH, Asociación de Educadores de Chile, organización del magisterio importante en la lucha por la democratización del país. Paralelamente es uno de los fundadores la Central Unitaria de Trabajadores de Chile de la cual es actualmente miem bro de su Consejo Directivo. En el año 1995 es elegido Presidente del Colegio de Profesores de Chile, en el que había ejercido diversos cargos desde 1987. A partir del año 2000 es electo Vicepresidente del Comité Regional de la Internacional de la Educación para América Latina (IEAL). Actualmente es miembro del Comité Ejecutivo Mundial de la Internacional de la Educación.
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Durante este proceso, se produce un cambio sustantivo del rol del Estado en Educación, de un Estado Docente a un Estado Subsidiario, cuyos resultados fueron, y siguen siendo una enorme fragmentación e inequidad en el sistema educativo.


Pero lo más grave es que esta Reforma que se impone a los chilenos avanza en cambiar el objetivo fundamental que tenía la educación: la formación de un ser humano íntegro y armónico -un ciudadano- por la de un mero recurso humano funcional a la producción y la competencia - un consumidor-. Se reforzó, así mismo, la concepción del docente como mero ejecutor e instrumento para el desarrollo de estos fines.


La dictadura no dejó nada al azar, de tal modo que este modelo quedó consagrado tanto por la Constitución Política de Chile del año 80, como por la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE), promulgada a inicios del año 90, un día antes que asumiera en Chile el Primer Gobierno de la Concertación, con el Presidente Patricio Aylwin.




La reforma educacional de la Concertación


A partir de 1990, los gobiernos de la transición democrática inician esfuerzos por revertir la situación de la educación chilena, asumiendo un rol de mayor conducción del sistema educativo nacional, así como asignando nuevos e importantes recursos con el fin de mejorar la calidad y superar la inequidad.


Pero una cosa es la teoría y otra la realidad.


Lo concreto es que las diversas medidas y programas implementados se han construido sobre la misma base de la reforma anterior; sin modificaciones al sistema de financiamiento de la educación, con grandes limitaciones del rol regulador y fiscalizador del Estado, sin una plena participación de los docentes, ni de la comunidad; resultando, a la postre, medidas parciales, que en lugar de avanzar hacia una mayor equidad, incluso, han profundizado algunas de las tendencias más negativas del modelo.


De hecho, los principales programas que constituyeron las bases de la actual reforma, se han ido desarrollando muchas veces sin una articulación entre ellos, lo que no facilita el que las diferentes acciones se complementen y potencien en los establecimientos, porque en el hacer cotidiano de las escuelas se trabajan como esfuerzos educativos distintos y sumativos, produciéndose, además, un enorme desgaste, de recursos humanos y financieros.




· Problemas de inequidad: financiamiento y políticas de focalización.


Más allá de la implementación de algunas políticas y programas de focalización para los sectores vulnerables, se han mantenido, y en algunos casos acentuado, las formas de descentralización y financiamiento, que utilizan herramientas de mercado, todas las cuales atentan contra la equidad.


Ello porque, por una parte, se mantiene el financiamiento vía subvención por asistencia promedio por alumno y, por otra, la entrega de recursos fiscales a sostenedores particulares subvencionados, que lucran con los recursos públicos, sin mecanismos de control, lo que claramente atenta también contra el desarrollo de la educación pública.
Otra situación que observamos con preocupación es que los fondos adicionales para promover calidad son fondos competitivos, vía proyectos, a los cuales difícilmente acceden los sectores más desfavorecidos pues no tienen las competencias técnicas ni los recursos necesarios para postular satisfactoriamente a los concursos, reproduciéndose de este modo un círculo vicioso de inequidad.

Efectos gravísimos ha tenido la Ley de Financiamiento Compartido, promulgada en el Primer Gobierno de la Concertación, que permite a los establecimientos de educación básica particulares subvencionados y a los establecimientos de educación media, tanto particulares subvencionados como municipales, cobrar legalmente a los apoderados una suma de dinero; mecanismo que tiene serias implicancias en la inequidad y fragmentación del sistema.


Pero, además, otra consecuencia grave es que el financiamiento compartido está generando una virtual competencia por lograr un mayor estatus entre las familias y los alumnos -expresado en el monto del pago que cada familia realiza-. Competencia que arroja como resultado, además, el menosprecio a quienes pagan menos o no pagan. Se ha introducido, así, al mundo de la educación, con más fuerza, la lógica de consumo y prejuicios de clase, absolutamente contradictorios con una educación sustentada en los valores de la solidaridad, la tolerancia, la democracia, todos valores que la Reforma Educativa asume como propios.


Operando así, el financiamiento compartido, al que ya se ha incorporado más del 40% de la población escolar, profundiza y consolida los procesos de segregación, desintegración social y segmentación estructural en el sistema escolar, lo que puede generar repercusiones graves, difícilmente reversibles.




· Sistema Nacional de Evaluación de la Calidad (SIMCE)


El rol regulador del sistema educativo sigue siendo, fundamentalmente, el mercado. Se expresa a través de la aplicación de una prueba nacional estandarizada que se realiza anualmente, en todo el país, a ciertos niveles del sistema educativo (SIMCE), bajo el supuesto de que los resultados de dicha prueba reflejarían los grados de avance o retroceso en la calidad de la educación y permitirían que los clientes (los padres) puedan decidir en qué establecimientos ponen a sus hijos para recibir una mejor calidad educativa.


Tras esa lógica, se esconden, o no se enfrentan, dos problemas principales. Por una parte, una tendencia a mantener una visión estrecha y reduccionista respecto de la calidad de la educación, contradictoria con los propios supuestos de la reforma, ya que lo que se evalúa en esta prueba es el logro de ciertos objetivos de aprendizaje, posibles de ser medidos y estandarizados, en determinadas áreas; y sólo eso. Por otra, el SIMCE termina siendo un instrumento para rankear los establecimientos en el mercado, lo que constituye una lógica perversa, que daña a la educación pública, y niega la igualdad de oportunidades para todos los niños y niñas chilenos; tanto porque estigmatiza a la gran mayoría de establecimientos de sectores populares y municipalizados, que son los que no discriminan a sus alumnos, porque, cada vez más, impulsa a los colegios a seleccionar y discriminar alumnos, para dejar a los mejores, y de ese modo, tener mejor imagen y competir de mejor manera en el sistema educativo.

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A través de la entrega pública de resultados, finalmente lo que se levanta es una campaña interesada, a través de los medios de comunicación que representan a poderosos sectores de nuestra sociedad, que buscan terminar definitivamente con el sistema público de educación, sosteniendo que son los colegios municipales los que tienen logros más bajos -aún cuando últimamente numerosas investigaciones han demostrado lo contrario y han evidenciado que dichos resultados se relacionan principalmente con el nivel social, económico y cultural de los estudiantes-, poniendo el dedo acusador sobre los profesores, aduciendo la necesidad de privatizar el sistema educativo y sometiendo tanto a alumnos como a docentes a las leyes del mercado.




· Jornada Escolar Completa Diurna y Reforma Curricular


Sin duda, la Jornada Escolar Completa es un requerimiento de nuestro sistema educativo para avanzar en una educación de mayor calidad y equidad. Fue propuesta por el Colegio de Profesores, con anterioridad a la iniciativa gubernamental que, finalmente, se concretó en Ley.


Sin embargo, en su implementación, presenta graves problemas en el ámbito del financiamiento, en el educativo-pedagógico y en las condiciones laborales de los docentes.


De hecho, en el ámbito educativo pedagógico, el sentido fundamental de la JEC, según señalan los documentos oficiales, es “favorecer el tiempo pedagógico educativo de maneras nuevas, diferentes y mejores". Lamentablemente, lo que sucede, de manera más frecuente, es que se mantienen durante las horas de clases de la mañana y de la tarde lo mismo que se ha realizado siempre. Las clases siguen siendo las mismas. El resto, son talleres, sin una rearticulación del currículum.


Al no existir programas de perfeccionamiento suficientes, ni nuevas formas de organización del trabajo, en general no se logra, como lo señala la propuesta gubernamental, “posibilitar una pedagogía centrada en el trabajo de los alumnos y sensible a las diferencias individuales”.


Junto con la Jornada Escolar Completa, se ha estado impulsando una reforma curricular, que contempla objetivos fundamentales y contenidos mínimos obligatorios (OFCMO), establecidos en la Ley Orgánica Constitucional de Educación (LOCE), los cuales fueron diseñados y decretados, particularmente los de enseñanza básica, sin participación alguna del magisterio; problema que se relativizó en el caso de los OFCMO de enseñanza media.


En general, podemos afirmar que los OFCMO se construyen, fundamentalmente, sobre la misma concepción de estado subsidiario, es decir, una política de Estado que entiende a la educación, esencialmente, regulada por el mercado, y a los estudiantes, centralmente, como recursos humanos y formando parte de un engranaje económico. Una propuesta curricular ligada, en definitiva, a aquellos aprendizajes que permiten al sujeto insertarse en el mercado laboral, olvidándose de aquellos otros relacionados con la formación social más amplia, perdiendo así, su sesgo ético democratizador.




· Formación docente


La formación docente, al igual que lo que ocurre con el conjunto de las carreras profesionales, sufrió profundas transformaciones que se impusieron durante la dictadura militar.
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Estos cambios, que se caracterizaron por una política de formación profesional que opera también en los marcos del mercado, obligaron a los centros de educación superior a autofinanciarse. Lo anterior, nos hace pasar de una educación superior concordante con un proyecto de país en el cual los universitarios se formaban no sólo como profesionales, sino como sujetos críticos, en espacios en los cuales la universidad cumplía las clásicas tareas de formación profesional, investigación y extensión, a un sistema de educación superior que, prácticamente, se limita al objetivo de la formación profesional y que funciona dentro de las políticas de mercado, obligando a los estudiantes a pagar sus estudios con altos aranceles en cada una de las carreras.


Este marco general afectó particularmente la formación docente, la que hasta la fecha existe casi sin ninguna regulación, posibilitado ello por la Ley Orgánica Constitucional de Educación
(LOCE); lo que significa que en Chile se están formando profesores con mallas curriculares diversas y de muy distintas calidades.




Paralelamente, la propia obligación de autofinanciamiento ha generado un fuerte impulso en planes de regularización y de formación a distancia, en general de muy baja calidad, que están permitiendo el ingreso a trabajar en el sistema educativo, en las mismas condiciones que los docentes formados regularmente en las universidades, a una diversidad de "pseudo-profesores".


Los programas de capacitación, actualización y formación en servicio, también, han estado fundamentalmente regulados por el mercado, más que orientados desde una política nacional de perfeccionamiento docente. La gran mayoría han sido cursos entregados por distintas instituciones, de características muy diversas (universidades públicas y privadas, ONG's e incluso empresas privadas que se han constituído justamente en el marco de este mercado educativo para ofrecer cursos de perfeccionamiento), pagados por los docentes; algunos de los cuales son reconocidos, lo que significa que posibilitan la asignación de un porcentaje de aumento salarial, pero sólo en el sector municipal, aún cuando los particulares subvencionados cuentan con los recursos del Estado para financiarlos, no tienen la obligación legal de pagarlo. Este perfeccionamiento se ha realizado, también, fuera del horario de trabajo, de calidades muy diversas.


Junto a ello, el Ministerio de Educación ha implementado programas de actualización, en el marco de la reforma curricular, los que, si bien no son pagados por los profesores, son realizados durante el período de vacaciones, y también son de calidades muy diversas, pues han sido, la gran mayoría, licitados por el Mineduc en el mismo mercado de perfeccionamiento recién descrito. Así mismo, se han implementado programas de pasantía internacionales, los que siendo valorados por el magisterio, no han tenido la incidencia esperada, ya que en general los profesores que han salido a perfeccionarse fuera del país, luego no cuentan con espacios que permitan transferir esta experiencia a sus colegas ni en sus establecimientos. Un nuevo programa, que fue articulado a partir de la negociación entre el Colegio de Profesores y el Mineduc el año 2000, ha permitido iniciar una red de maestros de maestros, que esperamos pueda significar una forma distinta de perfeccionamiento, entre pares, y más ligada a las necesidades y problemas que se enfrentan cotidianamente en las prácticas pedagógicas.


En este ámbito, el Colegio de Profesores ha realizado un trabajo persistente y serio, en la perspectiva de incidir en políticas de formación y perfeccionamiento docente, que tiendan a regular una formación inicial de calidad y una formación permanente en servicio, gratuito, como parte de la carga horaria de trabajo del profesor, que permita un mejor desempeño y desarrollo profesional. En esta línea hemos participado en la Comisión Nacional de Acreditación de las carreras de Pedagogía, que orienta y regula las condiciones esenciales de una formación pedagógica de calidad. Afortunadamente, hemos conseguido un proyecto de ley que obliga a la
acreditación obligatoria de las carreras de pedagogía, el que está a punto de aprobarse, no sin dificultades, en el Parlamento, el que permitiría favorecer, a mediano plazo, procesos de mayor regulación y calidad en este ámbito.




La profesión docente hoy


En la actualidad existen en Chile alrededor de 140.000 profesores/as docentes, que atienden los niveles de educación preescolar, básica y media, la mayoría de los cuales están organizados en el Colegio de Profesores de Chile.


Durante el primer gobierno de la Concertación, en el año 1991, y después de un largo período de negociaciones con el Colegio de Profesores, se promulga el Estatuto de los Profesionales de la Educación, conocido como Estatuto Docente2 que, si bien reconoce el carácter profesional de la docencia (al establecer la obligatoriedad de que los docentes sean titulados y en el caso de que no lo sean, debieran contar con un permiso especial de habilitación para ejercerla) y restableció, al menos para los docentes que trabajan en el sector municipal, un estatus especial, en la práctica lo que se define es más bien una carrera funcionaria y administrativa, que reconoce ciertas asignaciones como las de experiencia, perfeccionamiento docente, cargos directivos y desempeño difícil. Estipula, así mismo, condiciones de despido, las que incluso, han sufrido modificaciones desde la promulgación del Estatuto, aumentando sus causales.


Dicho Estatuto, que en el proyecto original al Parlamento establecía una efectiva carrera profesional docente, fue cercenado en su aprobación en el Congreso Nacional, quedando limitado a las regulaciones mínimas recién señaladas, dejando al resto de los docentes que trabajan en el sector particular subvencionado regido sólo por el código laboral y las leyes de mercado y normando más bien una carrera funcionaria y burocrática, vía calificaciones, las que, afortunadamente, debido a la resistencia del Magisterio nunca lograron ser aplicadas. Hoy, luego de un largo proceso impulsado por el Colegio de Profesores, contamos con un nuevo sistema de evaluación docente formativo, que luego de ser consultado a todo el magisterio, fue transformado en Ley, y empieza a aplicarse en todas las comunas del país el presente año. Así mismo, conformamos una mesa de trabajo con el Ministerio de educación en la que estamos trabajando la construcción de una carrera profesional.


Por otra parte, si bien los recursos destinados a mejorar las remuneraciones docentes han aumentado considerablemente durante los gobiernos de la Concertación, aunque también es necesario señalar que ello ha sido consecuencia, no sólo de la voluntad política y generosidad de las autoridades, sino de las fuertes movilizaciones del magisterio, que han significado, en algunos casos, largas semanas de paralización de actividades; el deterioro histórico que sufrieron las remuneraciones del magisterio fueron tan profundas -mucho mayores que las del resto de los trabajadores y profesionales del país- éstas se encuentran cerca de un 50% por debajo de lo que ganaban los docentes en la década de los 70, aún cuando el Ministerio de Educación sistemáticamente se ha negado a reconocer la llamada deuda histórica, generada por el no pago del D.L. 3551, beneficio legal del que gozan en la actualidad todos los funcionarios públicos menos los docentes, situación ante la cual el gremio tiene en curso una demanda de más de 70.000 docentes contra el fisco.






2 En página Web del Colegio de Profesores www.colegiodeprofesores.cl se encuentra in extenso el Estatuto Docente y las reglamentaciones particulares.
El problema, lamentablemente, no es sólo de carácter salarial, sino que guarda relación, sobre todo, con las condiciones de trabajo que, en los hechos, no han sido mejoradas: excesivo número de alumnos por curso, población escolar más heterogénea y con crecientes niveles de problemas sociales. Además, múltiples exigencias que provienen de la reforma oficial, la no solución de los tiempos de contrato docente, destinados prácticamente sólo a horas lectivas con alumnos, la disminución de las semanas de vacaciones, la mantención de prácticas autoritarias y arbitrarias que aún persisten, han generado, tal como lo revela una reciente investigación sobre la salud laboral de los docentes, una realidad preocupante que es indispensable que sea asumida como una prioridad de país3, pues indica que los/as docentes trabajan en condiciones adversas, las que afectarían su salud física y psicológica.



Esta es la realidad que viven cotidianamente los docentes que hoy están llamados a impulsar la reforma. En este sentido, la política gubernamental no ha considerado suficientemente que los desafíos de un proceso efectivo de reforma exigen una organización del trabajo docente que considere instancias permanentes de reflexión, de trabajo interdisciplinario y de perfeccionamiento, a fin de favorecer el trabajo en equipo, el cambio del rol docente, el desarrollo de nuevos contenidos y metodologías, así como el que sea el colectivo quien se haga cargo de la construcción de innovaciones, superando la competitividad y el aislamiento presente en las actuales relaciones entre docentes.




La propuesta educacional del Colegio de Profesores


El magisterio cuenta con un documento de propuesta educacional, elaborado a partir de las resoluciones del Congreso Nacional de Educación desarrollado por el Colegio de Profesores durante el año 1997, que fue entregado a la ciudadanía y a los candidatos a la presidencia de la república, en ocasión de las últimas elecciones presidenciales realizadas a fines de 19994.


Dicho documento sintetizaba la visión del gremio en relación a la crisis del sistema, fundamentaba la necesidad de fortalecer la educación pública y entregaba propuestas concretas de cambio en los ámbitos de administración, gestión, financiamiento y curriculum; así como las condiciones requeridas para fortalecer la profesión docente. Del mismo modo señalaba la necesidad de cambiar la Ley Orgánica Constitucional de Educación y la Constitución de 1980.


A partir de esta propuesta de fortalecimiento de la educación pública y la profesión docente, Ricardo Lagos, en enero del 2000, ahora actual Presidente, firmó con el Colegio de Profesores de Chile un compromiso por el fortalecimiento de la educación pública; la ampliación de las oportunidades de participación de la comunidad, y especialmente de los docentes, y el mejoramiento de las condiciones de trabajo y salariales de éstos.


De este modo, se logra un compromiso formal del gobierno con el magisterio, en la perspectiva de impulsar una reforma que fortalezca la educación pública.


Lamentablemente, sin embargo, en lo central podemos afirmar, categóricamente, cuando está próximo a concluir el mandato del Presidente Lagos que el gobierno no ha cumplido con el Protocolo, en términos de fortalecer la educación pública; al contrario, lo que se consolida cada vez más es el avance de la educación privada. Un reciente estudio que realizamos sobre


3 Valdivia, Gonzalo, Cecilia Avendañ o y otros. “Estudio de la salud laboral de los profesores en Chile”. Informe final de investigación. Pontificia Universidad Católica de Chile. Escuelas de Medicina y Ciencias Sociales, Stgo. Abril, 2003.
4 Documento que se encuentra disponible en la página web del Colegio de Profesores.
8 financiamiento de la educación en Chile, demuestra que de cada cien pesos que actualmente el país gasta en educación, 43 de ellos son pagados por las familias. Lo más grave es que el gobierno, bajo el concepto de fortalecer el carácter público de la educación, incluye el respaldo decidido, tanto financiero como legal, para el desarrollo de gestores privados que administran la educación desde una perspectiva de mercado y lucro.


El panorama político revela un avance de los sectores empresariales y de poder económico y financiero, que impulsan la privatización total del país, la desregulación laboral y la definición de todos los asuntos de Estado sólo de acuerdo con las leyes del mercado. La decisión política del actual gobierno de impulsar el desarrollo del país a partir de la firma de acuerdos de comercio internacional, está generando la adecuación del sector público de modo de provocar grados de mayor atracción para la inversión extranjera, posibilitando, por tanto, mayores grados de flexibilización en las condiciones de trabajo. Aunque es necesario señalar, también, que una vez más vuelve a ser la educación un factor de coincidencias, en el sentido que se requiere, para el salto del desarrollo nacional, provocar cambios de fondo en el sistema educativo que permitan la generación de productos exportables (recursos naturales no renovables) con mayor valor agregado.


En este marco, Chile enfrentará nuevas elecciones presidenciales y parlamentarias en diciembre próximo. Una vez más, estamos elaborando propuestas de políticas de fortalecimiento de la educación pública y la profesión docente a todos los candidatos presidenciales y parlamentarios; nuevo documento cuyos ejes centrales serán los mismos presentados en el año 2000, pues básicamente las demandas y problemas se mantienen.




Principales ejes de propuestas transformadoras


Hoy vivimos en sociedades con modelos economicistas y pragmáticos, en las que, como ya lo señalamos, los valores de solidaridad, justicia social, equidad, democracia, han dejado de ser sustantivos porque están subordinados y regulados por el mercado. La educación no puede hacer abstracción de esta realidad y debe enfrentar esas contradicciones como un desafío prioritario que permita ir ayudando a reconstruir un mundo mejor.


Estamos convencidos que la educación no puede pensarse solamente al servicio de las necesidades y requerimientos del sistema productivo. La escuela también debe satisfacer necesidades de carácter cultural, social, ético y fundamentalmente de desarrollo personal. Por tanto, debe considerar al alumno como un sujeto social que debe incorporarse activamente tanto a los procesos de crecimiento como a los de transformación.


Las nuevas habilidades, competencias y necesidades de desarrollo del individuo como la autonomía, la creatividad, la capacidad de indagación y de pensar no sólo pueden plantearse en la perspectiva del desempeño productivo de los sujetos, sino como parte de una formación integral, considerando aquellos valores intangibles que contiene todo proceso educativo.


El siglo XXI requiere de importantes transformaciones educativas para favorecer procesos de aprendizaje que vayan construyendo sujetos críticos y reflexivos, capaces de relacionarse de manera distinta con el conocimiento, con la capacidad de comprender, explicar y criticar su realidad, con la capacidad de relacionarse con los otros respetando la pluralidad.


Desde esta perspectiva, es necesario repensar los fundamentos centrales del carácter de la escuela de hoy y decidir qué es lo que quisiéramos que se aprendiera en ella, para qué y cómo.
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Significa plantearse la transformación de lo que se aprende, de cuánto se aprende, del cómo se aprende, con la finalidad de transformar el tipo de sujeto que se está favoreciendo construir.


Es esta una tarea compleja. Porque implica asumir, como proceso de reforma, el desarrollo de una educación distinta, en sus múltiples dimensiones, como son el rol del Estado y el de los actores, la cultura escolar, el curriculum, las prácticas pedagógicas, entre las principales.


Implica, también, construir espacios de reflexión permanentes sobre el tema de los valores y de la democracia, evaluando las conductas y el quehacer de docentes y alumnos, problematizando las contradicciones de nuestra sociedad y de nuestro sistema educativo en relación a los valores democráticos, en la perspectiva de contribuir a la construcción de una sociedad que vaya superando estas contradicciones y haciendo realidad, no sólo en el discurso, el valor de la democracia.


Todo esto no es tarea fácil. Pero a los docentes les cabe en este desafío un espacio importante y decisivo. Por ello, como Colegio de Profesores, creemos que para alcanzar un cambio educativo sustantivo, éste debe pensarse junto a un movimiento de pedagogía y práctica crítica, tarea que estamos impulsando sostenidamente en los últimos años, como una cuestión muy central y prioritaria de los objetivos que impulsamos como organización docente.


Con todo, nos parece indispensable para poder avanzar, lograr la recuperación de la educación pública y gratuita para todos/as, para que exista mayor equidad, menor fragmentación y para que sean los valores democráticos y no el mercado los reguladores del sistema educativo.



El Colegio de Profesores está convencido que el éxito o fracaso de un sistema como el propuesto depende de los esfuerzos realizados por manejar bien los factores que afectan el desempeño docente pero, sobre todo, reconocer que los resultados de aprendizaje de los alumnos y alumnas del sistema no dependen enteramente de la acción del magisterio.



En síntesis, entre los factores que hemos mencionado como aquellos que merecen una atención especial, podemos mencionar los siguientes:


(a) La participación activa, crítica y propositiva de los/as docentes con respecto al sistema que se les propone y su compromiso con un ejercicio responsable y profesional de su quehacer.


(b) El que existan condiciones básicas de trabajo pedagógico y profesional que permitan ejercer y desarrollar los estándares de desempeño que el conjunto del magisterio, diversos actores educativos y el propio ministerio de educación han consensuado como base de un sistema de evaluación formativo del desempeño docente.


(c) Un sistema de desarrollo profesional y formación permanente articulado y financiado, que ofrezca inducción para nuevos profesores, reconozca y facilite el desarrollo profesional en el contexto escolar, apoye el autoperfeccionamiento y perfeccionamiento entre pares, regule eficientemente la calidad de la oferta de formación inicial y cursos de actualización, y que sea coordinado efectivamente a niveles central, regional y comunal.


(d) El fortalecimiento en tiempo asignado y oportunidades al interior de escuelas y liceos de trabajo colaborativo entre profesores.
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Entendiendo que muchos de estos requisitos aún no existen y que deberán irse construyendo, planteamos su desarrollo gradual, dándole seguimiento, monitoreo y perfeccionamiento. Finalmente, la actual situación de nuestro país y el modelo de desarrollo en curso, exigen, obligatoriamente, enfrentar el problema educacional como una necesidad prioritaria. En esa búsqueda de propuestas y soluciones el magisterio chileno estará siempre dispuesto a entregar su aporte responsable y generoso.